La Secretaría de Energía aprobó el Plan Nacional de Transición Energética a 2030 y los lineamientos para la transición energética a 2050. Este plan se enmarca en el camino hacia energías más limpias con baja generación de gases de efecto invernadero (GEI).
El consumo energético de Argentina, a nivel mundial, representa el 0,6% del total, y sus inventarios de GEI se ubican debajo del promedio del mundo en un 51% y 76%. En ese sentido, los compromisos asumidos hasta el 2030 fueron plasmados en un Plan en el que se desarrollan las líneas de acción y metas específicas. Entre ellas se destacan: no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) para toda la economía, reducir al menos un 8% de la demanda de energía por eficiencia y uso responsable, superar el 50% de fuentes renovables en la generación eléctrica, alcanzar una penetración del 2% de autos eléctricos en el parque y aumentar la red de transmisión eléctrica de alta tensión en 5000 km. Además, subrayan metas de calidad, entre las que se destacan: generar condiciones para el desarrollo de cadenas de valor en energías limpias, la creación de puestos de trabajo sostenibles, la reducción de la pobreza energética y abrir la puerta a una transición energética justa.
Por otra parte, según los lineamientos establecidos, el Plan explica que la transición energética, motorizada por la demanda de acción climática, debe ser justa, asequible y sostenible. Debe tener simultáneamente consistencia social, macroeconómica, fiscal, financiera y de balanza pagos. El proceso de transición energética implica un cambio estructural en los sistemas de abastecimiento y utilización de la energía. Por ello, Argentina plantea cumplir sus compromisos internacionales mediante un sendero de descarbonización de la matriz energética acorde a sus capacidades tecnológicas y productivas, considerando sus posibilidades macroeconómicas y su delicado contexto social.
El informe presentado también desarrolla diferentes escenarios energéticos y sus impactos sobre las trayectorias de emisiones del sector. En ese sentido, se incorporan dos escenarios de oferta de energía eléctrica, así como los requerimientos de inversiones de cada uno. En ambos escenarios se desarrollan importantes medidas en la búsqueda de mitigar el impacto de las emisiones y se plantea una implementación activa de políticas de eficiencia energética residenciales y en transporte.
Entonces, se plantean políticas en dos aspectos: por un lado, en el sector transporte, con una trayectoria tendencial en cuanto al incremento 39 del parque y la motorización de los mismos, incluido una penetración de vehículos eléctricos y, por otra parte, un incremento en el parque que utiliza gas natural, como GNC y GNL, dependiendo del modo de transporte. Por el lado de la demanda de electricidad y gas natural, se presentan dos escenarios, uno tendencial donde se plantean las políticas de eficiencia existentes y, por el otro, desde una mejora de eficiencia en el uso energético tanto en la demanda de gas como eléctrica.
Por último destacamos que este Plan ha venido trabajando en la formulación e implementación de seis objetivos de política económica: para caracterizar una estructura productiva que sea inclusiva, el sistema energético debe contribuir a (1) mejorar la calidad de vida de la población de nuestro país disminuyendo progresivamente los costos de su matriz energética; (2) proveer estabilidad y desarrollo, aportando a la reducción de las restricciones estructurales del país y a la rentabilidad económica generando empleos; (3) alcanzar una soberanía energética, para lograr el autoabastecimiento energético, mediante la utilización plena de los recursos más abundantes, disponibles y valiosos, de las cuencas onshore y off shore; (4) brindar un dinamismo, que impulse una mayor eficiencia en todos los sectores (generación, transporte, consumo) y que promueva el desarrollo de nuevas tecnologías tendientes a una mayor diversificación energética; (5) gestionar una política energética federal, que promueva la diversificación energética en todo el territorio nacional de acuerdo a la potencialidad regional; y por último, (6) que esa estructura sea sostenible sobre la base de los recursos existentes y potenciales para mitigar el impacto medioambiental incluyendo una reducción de las emisiones de CO2.
Un plan ambicioso, que demandará la interacción de todos los actores de la sociedad civil y los sectores intermedios, en pos de concretar estos objetivos de manera progresiva y consistente.
Fuente: argentina.gob.ar
